El Gobierno Nacional oficializó la disolución de la Administración General de Puertos Sociedad Anónima Unipersonal (AGP SAU) y la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables a través del Decreto 42/2025, publicado en el Boletín Oficial el 29 de enero de 2025. Como parte de su política de desregulación, el presidente Javier Milei delegó las funciones de estos organismos a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), un nuevo ente autárquico que asumirá el control del sector portuario.
Este cambio estructural, impulsado por el ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, busca simplificar la gestión portuaria y reducir costos administrativos, eliminando organismos estatales que, según el Ejecutivo, “inflaban el gasto público”. Sin embargo, la medida ya genera tensiones en distintos sectores, en especial en los puertos bonaerenses, donde los consorcios de gestión provincial desafían la desregulación nacional.
La desaparición de la AGP y el nacimiento de la ANPYN
La AGP, que desde su creación administró el Puerto de Buenos Aires y en los últimos años la Hidrovía Paraná-Paraguay, dejará de existir. Sus funciones serán absorbidas por la ANPYN, que se convierte en la única autoridad portuaria nacional y tendrá a su cargo la fiscalización, regulación y concesión de puertos y vías navegables en todo el país.
La ANPYN operará bajo la órbita del Ministerio de Economía y centralizará la gestión de los puertos que antes dependían de la AGP y la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables. Según el decreto, esta nueva estructura permitirá “una administración más eficiente, eliminando superposiciones burocráticas innecesarias”.
El interventor de la AGP tendrá un plazo de 180 días para completar la transición, aunque el Gobierno dejó abierta la posibilidad de una prórroga en caso de ser necesario. Durante este período, la ANPYN absorberá los activos, contratos y compromisos de la AGP para garantizar la continuidad operativa del sistema portuario.
Impacto en los puertos bonaerenses: el desafío de Kicillof
Mientras el Gobierno Nacional avanza con la desregulación, los puertos bonaerenses, administrados por consorcios provinciales, tomaron un camino diferente. En Bahía Blanca y Quequén, las autoridades locales han decidido seguir contratando serenos de buques, desafiando la disposición del Ejecutivo que eliminó la obligatoriedad de estos trabajadores.
El caso del Puerto de Quequén es un claro ejemplo de esta resistencia. Su presidenta, Jimena López, emitió una disposición en la que destaca la importancia de los serenos para la seguridad portuaria y recomienda mantener su contratación bajo los términos del antiguo Decreto 890/80, que establecía su obligatoriedad para embarcaciones de bandera extranjera.
En Bahía Blanca, la disputa ya tuvo su primer episodio de tensión. Cuando el buque Mount Taranaki amarró en la terminal de Louis Dreyfus Company (LDC), la agencia marítima responsable decidió no solicitar serenos, alineándose con el Decreto 37/2025 del Gobierno Nacional. Sin embargo, el Sindicato Único de Portuarios Argentinos (SUPA) y el Sindicato de Serenos paralizaron las operaciones en rechazo a la medida. Tras una asamblea gremial, la agencia tuvo que ceder y solicitar serenos para que la carga pudiera reanudarse.
El gobernador bonaerense Axel Kicillof, que se ha posicionado como uno de los principales opositores a Milei, ha criticado duramente las políticas de desregulación, advirtiendo que “la eliminación de regulaciones clave pone en riesgo la seguridad operativa y el empleo en los puertos”.
Reestructuración del Ministerio de Economía y la Secretaría de Transporte
El Decreto 42/2025 también introdujo cambios en la estructura del Ministerio de Economía, transfiriendo competencias a la ANPYN y reduciendo el control estatal sobre la administración del transporte.
Los documentos complementarios del decreto revelan que la Secretaría de Transporte mantendrá su supervisión sobre el transporte terrestre y aéreo, pero dejará de gestionar la infraestructura portuaria, que ahora estará exclusivamente bajo la ANPYN.
Además, el Gobierno busca reducir el peso de los subsidios en el sector, estableciendo un nuevo esquema de financiamiento para las operaciones portuarias y del transporte en general. Se espera que en los próximos meses la ANPYN defina el modelo de concesión que aplicará a los puertos y a la Hidrovía Paraná-Paraguay.
¿Hacia una nueva etapa en la gestión portuaria?
El decreto marca el inicio de una nueva etapa en la administración portuaria argentina. Mientras el Gobierno de Milei impulsa la desregulación total, provincias como Buenos Aires resisten con medidas propias, generando un conflicto de jurisdicción que podría derivar en enfrentamientos legales y sindicales en los próximos meses.
El choque de visiones es evidente: para Milei, la desregulación es sinónimo de eficiencia y menor gasto estatal; para Kicillof, significa el riesgo de precarización laboral y pérdida de control sobre los puertos provinciales.
Por ahora, la ANPYN deberá demostrar si está a la altura del desafío de gestionar un sistema portuario en plena transformación. La incertidumbre persiste y las tensiones siguen en aumento, con los gremios y los gobiernos provinciales en alerta ante los próximos pasos del Ejecutivo Nacional.
