La Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) y CAMABA emitieron un contundente comunicado de prensa en el que califican el actual bloqueo de transportistas autoconvocados en Puerto Quequén como un “ataque a la economía nacional”. La entidad denunció que, mientras en otros nodos logísticos como Bahía Blanca la situación comenzó a normalizarse, en Quequén un grupo “minúsculo” mantiene de rehén a la exportación agropecuaria, generando pérdidas millonarias y una peligrosa ruptura en la cadena de pagos.
El conflicto, que se inició el pasado 7 de abril, tuvo como origen el reclamo de una recomposición de la tarifa de referencia ante el aumento de los combustibles por el conflicto bélico en Medio Oriente. Sin embargo, desde la Cámara aclaran que entre el 15 y el 17 de abril la gran mayoría de las cámaras transportistas del país acordaron nuevas tarifas que compensan dichos costos. Pese a este consenso, el grupo de autoconvocados de Quequén decidió profundizar las medidas de fuerza.
Cifras alarmantes: granos retenidos y divisas que no ingresan
El impacto económico que describe el informe de la Cámara es devastador para las arcas del país:
- USD 450 millones: Es la cifra mínima estimada en divisas (con sus respectivos impuestos) que no ingresaron al país debido a la parálisis.
- 31 buques en espera: 22 se encuentran en Bahía Blanca (donde la operatoria se normaliza lentamente) y 9 buques en Quequén, donde la actividad es nula.
- Carga retenida: Se calcula que entre 700.000 y 1,5 millones de toneladas de granos se encuentran varadas, afectando a productores, acopios, cooperativas e industrias.
Denuncias de violencia e intimidación
Uno de los puntos más graves del comunicado de la CPPC radica en la metodología de la protesta. Según la entidad, los autoconvocados que operan en Puerto Quequén están incurriendo en “prácticas intimidatorias y exigencias tarifarias desproporcionadas”.
La denuncia va más allá al mencionar que existen “amenazas de represalias físicas contra otros camioneros” que intentan trabajar, algunas de las cuales ya han sido registradas y puestas a disposición de la Justicia. Este clima de hostilidad contrasta con lo sucedido en Bahía Blanca, donde la intervención de las fuerzas de seguridad permitió liberar los accesos y retomar la operatoria logística.
Pedido de intervención urgente
Ante este escenario de “estrangulamiento del flujo logístico”, la Cámara de Puertos Privados solicitó de manera enfática la intervención de las autoridades nacionales, provinciales y municipales, así como del Poder Judicial. El pedido apunta a restablecer el orden con urgencia para poner fin a lo que consideran un “uso ilegítimo de prácticas abusivas” que lesionan la competitividad nacional y el prestigio de los puertos argentinos ante el mundo.
