Según un informe de la Mesa de Entradas Única en lo Civil y Comercial, entre 2016 y la actualidad se registraron 1.128 acciones judiciales vinculadas al grupo. Del total, 390 expedientes fueron iniciados contra Bauen, 384 contra Pilay y 354 contra Pilares, firmas que operan de manera articulada bajo una Unión Transitoria de Empresas (UTE). No obstante, la cantidad de demandantes podría ser menor, ya que en muchos casos los mismos actores accionan contra más de una de las empresas.
El crecimiento sostenido de litigios coincide con el aumento del malestar entre los clientes, que tuvo su punto más visible a fines de febrero con manifestaciones en Rosario y la ciudad de Santa Fe. Los reclamos apuntan a demoras en la entrega de viviendas, cambios en las condiciones contractuales y falta de respuestas por parte de la empresa.
El conflicto también expone el desgaste del histórico sistema de financiamiento basado en consorcios y planes de ahorro, que durante décadas permitió a sectores medios acceder a una vivienda. Ese modelo comenzó a debilitarse tras la decisión empresarial de cerrar, en 2012, la incorporación de nuevos aportantes bajo esa modalidad.
A partir de entonces, el grupo viró hacia desarrollos inmobiliarios orientados a un público de mayor poder adquisitivo. Según denuncian los clientes, este cambio de estrategia habría impactado en el cumplimiento de compromisos asumidos anteriormente, afectando a numerosos adjudicatarios que llevan años, en algunos casos, décadas, pagando por unidades que aún no se concretan.
Durante mucho tiempo, frases como “estoy pagando un Bauen” funcionaron como sinónimo de inversión segura y acceso progresivo a la vivienda propia. La marca logró consolidarse en el mercado inmobiliario regional apoyada en la confianza de sectores medios y en una reputación asociada a la calidad constructiva y la previsibilidad.
Hoy, ese capital simbólico aparece en tensión frente a un escenario judicial complejo y una creciente ola de reclamos que pone en cuestión uno de los modelos más emblemáticos del desarrollo inmobiliario en la región.
Reclamos en expansión
El conflicto con el grupo Bauen-Pilay suma nuevos capítulos a partir de un abanico cada vez más amplio de reclamos por parte de los clientes. Entre las principales denuncias aparecen aumentos extraordinarios no previstos en los contratos, la falta de sorteos en el área central, la entrega de unidades de menor superficie a la pactada y demoras prolongadas tanto en las construcciones como en las adjudicaciones.
En el último tiempo, la situación se agravó aún más: quienes llegan a cancelar la totalidad de las cuotas aseguran que la empresa comenzó a adjudicar de manera compulsiva terrenos en la zona oeste de Rosario, alejados del área originalmente acordada y, en muchos casos, sin plazos concretos de entrega. También se mencionan propuestas alternativas que no estaban contempladas en los contratos iniciales, lo que profundizó el malestar entre los ahorristas.
En este contexto, el grupo Autoconvocados por Incumplimientos de Bauen Pilay volvió a manifestarse públicamente el pasado domingo en la Calle Recreativa, frente a las oficinas de la empresa ubicadas sobre bulevar Oroño al 100. La convocatoria tuvo como objetivo visibilizar el conflicto y sumar nuevos testimonios de afectados.
“Durante años la empresa fue acumulando incumplimientos contractuales que hoy derivan en una situación límite: la imposibilidad de acceder a la vivienda por la que pagamos durante dos décadas”, expresó Alicia Bernal, una de las referentes del espacio. Según sostuvo, el problema excede el ámbito privado debido a su impacto en el acceso a la vivienda y al volumen de personas involucradas. “Calculamos que son miles los afectados, aunque los números exactos los maneja la empresa”, agregó.
La magnitud del conflicto comenzó a escalar también en el plano institucional. Días atrás, representantes del colectivo de autoconvocados y del Centro de Educación, Servicios y Asesoramiento al Consumidor (Cesyac) mantuvieron una reunión con diputados provinciales de la Comisión de Vivienda y Urbanismo. Tras el encuentro, los legisladores solicitaron la intervención de la Secretaría de Comercio Interior para canalizar las denuncias.
Si bien no es la primera crisis que atraviesa el grupo, en esta oportunidad los cuestionamientos apuntan a factores estructurales del modelo de negocios. El sistema original, que durante años fue su principal carta de presentación, se basaba en un esquema de ahorro previo con lógica solidaria: los clientes aportaban durante años con la expectativa de acceder a una vivienda mediante sorteos o licitaciones, mientras quienes ya habían sido adjudicados incrementaban sus aportes para sostener nuevas obras.
Ese equilibrio, que supo consolidar la confianza de sectores medios, hoy aparece fuertemente cuestionado. Los clientes denuncian que las reglas cambiaron en el camino y que el modelo dejó de cumplir con las condiciones bajo las cuales se comprometieron a invertir durante décadas.
Un modelo en crisis
El histórico sistema de consorcios que durante años sostuvo el crecimiento del grupo Bauen-Pilay comenzó a resquebrajarse en 2012, cuando la empresa decidió discontinuar esa modalidad y migrar hacia esquemas más rentables, como los fideicomisos financieros. La medida, que según la firma estuvo condicionada por disposiciones de la Inspección General de Justicia, cortó el ingreso de nuevos aportantes y alteró el equilibrio económico del modelo original.
Con el correr de los años, ese cambio de estrategia derivó en un aumento sostenido de reclamos. Ya en 2017, cientos de clientes denunciaron subas de cuotas por encima de lo estipulado en los contratos, lo que abrió un conflicto que escaló desde instancias administrativas hasta la Justicia. En paralelo, comenzaron a multiplicarse las quejas por demoras, cambios en las condiciones de adjudicación y propuestas alternativas alejadas de lo pactado inicialmente.
Incluso desde la propia conducción de la empresa reconocen el desfasaje. El director de Pilay SA, Gonzalo Crespi, admitió públicamente que el sistema está “corrido” y atribuyó la situación a las recurrentes crisis económicas del país, que impactaron en la ecuación financiera del modelo.
Hoy, muchos adjudicatarios que están próximos a finalizar el pago de sus viviendas denuncian que no pueden acceder a las unidades comprometidas en zonas céntricas y que, en cambio, son derivados a desarrollos periféricos o a propuestas más costosas. En algunos casos, aseguran haber sido incluidos sin consentimiento en nuevos esquemas de adjudicación, con plazos inciertos y condiciones diferentes a las originales.
El resultado, sostienen los clientes, es un sistema que dejó de responder a la lógica inicial y que mantiene en una situación de incertidumbre a miles de ahorristas que durante años financiaron el crecimiento del grupo.
Fuente: Mariela Mulhall, Suma Política+
