La paciencia de la Justicia con las denominadas “intimidaciones públicas” en escuelas parece haberse agotado. En una mañana de intensa actividad, la Policía de Investigaciones (PDI), bajo las órdenes del fiscal Maximiliano Nicosia, ejecutó tres procedimientos que desnudaron una realidad que va mucho más allá de una simple “travesura” digital.
Del teclado al operativo policial
Los procedimientos se concentraron en puntos estratégicos de la región: una vivienda en calle Álamo al 1700 (San Lorenzo) y dos domicilios en Fray Luis Beltrán (Pellegrini al 400 y Cochabamba al 1200). La causa, que investiga una seguidilla de amenazas que mantuvieron en vilo a las comunidades educativas locales, dio un giro inesperado al momento de requisar las propiedades.
Un “arsenal” de comunicación y algo más
Si bien los efectivos buscaban pruebas vinculadas a las amenazas telefónicas, el botín secuestrado resultó ser una sorpresa para los investigadores:
- Tecnología: Se incautaron 14 teléfonos celulares, dos computadoras de escritorio y un pendrive.
- Estupefacientes: Para sorpresa de nadie, en los domicilios también hallaron frascos con cogollos de marihuana y una balanza de precisión.
- Efectivo: Además de los dispositivos, se secuestró dinero en efectivo que ahora es materia de investigación.
La situación del menor
Por disposición del Ministerio Público de la Acusación de San Lorenzo, un joven de 16 años fue trasladado a la sede policial junto a sus padres. Mientras los progenitores realizaban los trámites de rigor, el menor quedó a disposición de la Justicia, que ahora deberá determinar si las amenazas escolares eran solo una pantalla para otras actividades o si el “emprendimiento” de cogollos convivía en armonía con el hostigamiento a los establecimientos educativos.
Todos los elementos electrónicos serán sometidos a pericias informáticas para rastrear el origen de las llamadas y mensajes que pusieron en alerta a las escuelas de la zona.
