La delgada línea que separa a las fuerzas de seguridad del delito organizado volvió a romperse con una sentencia judicial contundente. Los jueces Sebastián Foglia, Ernesto Sebastián y José Fabián Asís consideraron al imputado —identificado como el prefecto Moreno— autor penalmente responsable del delito de encubrimiento agravado, con el agravante de tratarse el hecho precedente de un delito especialmente grave (comercialización de estupefacientes) y por haber sido cometido abusando de su condición de miembro de una fuerza de seguridad.
Un teléfono secuestrado: el origen de la caída
La trama delictiva comenzó a salir a la luz de la manera menos pensada. El 17 de junio de 2022, la justicia provincial ordenó un allanamiento en el domicilio de un hombre investigado por una causa de violencia de género y abuso sexual. Durante la requisa se secuestró un teléfono celular perteneciente a Héctor Leonardo Diez, un conocido investigado por el comercio de drogas en la región (quien falleció en mayo de 2024 antes de llegar a ser juzgado).
Al realizar la pericia informática y el correspondiente vaciado del dispositivo, los peritos se encontraron con un archivo explosivo: una cadena incesante de conversaciones vía chat de WhatsApp que ligaban de forma directa a Diez con el prefecto Moreno. Lo grave del hallazgo radicó en que el funcionario aportaba de manera sistemática “información sensible, reservada y confidencial” sobre causas federales en las que él mismo intervenía como agente operativo de inteligencia.
Fotos de operativos y “sugerencia” de nuevos proveedores
De acuerdo con la acusación sostenida por el fiscal general Gabriel González Da Silva, el uniformado mantuvo un canal de filtraciones activo al menos entre septiembre de 2019 y marzo de 2021. El nivel de complicidad llegó a límites insólitos:
- Soplos internos: Moreno le avisaba con antelación a Diez sobre los avances de las causas que instruía el Juzgado Federal.
- Cobertura a proveedores: En uno de los episodios ventilados en el debate oral, el prefecto le informó al presunto narco sobre la detención de su proveedor principal —un traficante identificado como Fabián Accarino— y le envió fotografías del procedimiento policial en tiempo real.
- Logística criminal: Al día siguiente de esa detención, Moreno no solo le indicó a Diez el lugar exacto donde el proveedor estaba alojado, sino que además le sugirió otros nombres y alternativas de vendedores alternativos en la zona para que pudiera reponer stock y continuar con el negocio de la droga.
“Tranqui que ni aparecés”: La garantía de impunidad
Para la fiscalía, la prueba documental más incriminatoria ocurrió el 13 de febrero de 2020. En esa fecha, el agente de inteligencia descubrió que el nombre de Diez figuraba explícitamente en los teléfonos cruzados que la justicia federal había secuestrado en la causa contra la banda de Accarino.
En lugar de reportar la novedad o iniciar una investigación criminal, el prefecto le escribió un mensaje directo a su protegido: “Te encontré en dos celulares (…) igual tranqui que ni aparecés en el informe”.
“El imputado garantizó seguridad e impunidad al ocultar deliberadamente información sumamente relevante para las pesquisas judiciales”, argumentó González Da Silva durante los alegatos, calificando la conducta del efectivo como un “pacto de protección corporativa”.
Inhabilitación y polémica por la prisión domiciliaria
Además de la condena a 5 años y 4 meses de prisión, el Tribunal Federal le impuso a Moreno una inhabilitación absoluta y especial de 10 años para ejercer cualquier tipo de cargo público o formar parte de una fuerza de seguridad.
Sin embargo, el veredicto no dejó conforme en su totalidad a la parte acusadora. Los jueces rechazaron el pedido del Ministerio Público Fiscal para revocar la prisión preventiva domiciliaria de la que actualmente goza el prefecto, decidiendo que continúe bajo esa modalidad morigerada. Ante esto, la fiscalía ya evalúa interponer un recurso ante la Cámara Federal de Casación Penal para exigir que el condenado sea alojado de manera inmediata en una unidad carcelaria común del Servicio Penitenciario Federal.
