En un contexto de alta tensión por la definición de la futura concesión de la Vía Navegable Troncal (VNT), las entidades más representativas del agro —CIARA y CEC— elevaron un pedido urgente al Gobierno Nacional para que destrabe el proceso licitatorio. En una nota dirigida al ministro de Economía, Luis Caputo, las cámaras solicitaron concluir de manera “prioritaria y definitiva” la adjudicación, advirtiendo que la prolongación del esquema transitorio bajo la órbita de la AGP genera una incertidumbre incompatible con un servicio público esencial.
El conflicto impositivo: el trasfondo de la disputa
Uno de los puntos más sensibles de la presentación es el pedido para formalizar la no aplicación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los servicios de dragado y balizamiento. Este no es un tema menor: ha sido el eje de una feroz disputa mediática y técnica entre los oferentes.
Semanas atrás, el consorcio Jan de Nul-Servimagnus (preadjudicado en el proceso) había cruzado duramente a su competidor, DEME, precisamente por este punto. En aquella oportunidad, Jan de Nul denunció que la oferta de descuento tarifario de DEME era “irreal” y “negligente”, argumentando que se basaba en la omisión del pago de impuestos. Según el consorcio preadjudicado, la normativa argentina obliga a pagar IVA en el charteo de buques y compra de combustibles (que representan hasta el 80% de los costos), y mientras DEME liquidaba apenas 95 millones de dólares de IVA en 25 años, un cálculo correcto elevaría ese valor a 1.600 millones.
Ahora, CIARA y CEC buscan que el Poder Ejecutivo zanje la cuestión mediante una norma aclaratoria, respaldándose en el Artículo 7 inciso h) de la Ley de IVA, que exime de impuestos a servicios vinculados a exportaciones. Según la cámara, el dragado es un “insumo indispensable para la navegación internacional” y citan como precedente que, durante la concesión de Hidrovía S.A., el servicio no estuvo alcanzado por dicho tributo.
Argumentos legales por la “continuidad”
El documento presentado por la industria aceitera no solo se enfoca en lo fiscal, sino que utiliza fundamentos jurídicos para exigir el fin de la etapa transitoria:
- Decretos 949/2020 y 556/2021: Recuerdan que la administración actual de la VNT por parte de la AGP es “excepcional y temporal”, por lo cual extenderla indefinidamente contradice el espíritu de la norma.
- Principio de continuidad: Invocan jurisprudencia de la Corte Suprema para señalar que el Estado está obligado a garantizar la regularidad, eficiencia y previsibilidad del servicio.
- Certeza regulatoria: Aseguran que resolver ambos puntos —adjudicación y régimen tributario— es indispensable para otorgar seguridad a los operadores y evitar costos administrativos innecesarios.
El escenario hacia la apertura del sobre económico
La presión de CIARA-CEC llega en un momento donde el sector agroexportador busca despejar cualquier sombra de duda sobre el costo del peaje futuro. Para las cámaras, la finalización del proceso es vital para la competitividad del sistema.
Sin embargo, el Gobierno Nacional enfrenta ahora el desafío de validar una licitación que ha estado bajo la lupa por errores técnicos, cruces de impugnaciones entre empresas y una presión constante de los usuarios del sistema que, como las aceiteras, reclaman un marco contractual estable, alineado con estándares internacionales. La pelota está, una vez más, en el campo del Palacio de Hacienda.
