La iniciativa obtuvo sanción definitiva luego de que la Cámara de Diputadas y Diputados ratificara las modificaciones introducidas por el Senado. De esta manera, la provincia amplía los alcances de la ficha limpia, que hasta ahora se aplicaba principalmente al ámbito electoral.
La autora del proyecto, la diputada socialista Lionella Cattalini, destacó que la nueva normativa busca garantizar mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos y aseguró que Santa Fe se posiciona “a la vanguardia” en materia de control estatal.
La ley modifica las normas provinciales 12.510, sobre administración y control del Estado, y 5.188, vinculada a la obra pública. A partir de ahora, quienes aspiren a contratar con el Estado deberán presentar un certificado de antecedentes penales, requisito similar al exigido para la presentación de candidaturas en procesos electorales.
Además, la normativa obliga a los organismos públicos a verificar de manera permanente la situación de proveedores y contratistas antes de adjudicar licitaciones, contratar servicios o efectuar pagos.
Con la promulgación de la ley, el Gobierno provincial reforzará los controles sobre empresas y particulares que provean servicios, alimentos, insumos médicos, materiales para obras públicas y otros bienes destinados a organismos estatales, con el objetivo de evitar vínculos con personas o firmas involucradas en causas judiciales por corrupción u otras actividades ilícitas.
