La causa judicial y el proceso disciplinario que atraviesa el suspendido titular del Juzgado Federal N° 1 de Rosario, Gastón Salmain, concentran una de las mayores crisis institucionales de la Justicia Federal de la región. En el marco del programa Expediente 24, conducido por Nicolás Carugatti y Sebastián Darrichon, el abogado penalista Gustavo Feldman —a cargo de la defensa técnica penal del magistrado junto a Ignacio Carbone— desmenuzó las imputaciones en su contra, advirtió sobre la falta de garantías constitucionales y cuestionó la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario de ratificar la elevación a juicio y la prisión preventiva bajo la modalidad domiciliaria, medida que hoy no se efectiviza debido a los fueros que aún conserva el juez ante el Jury de Enjuiciamiento en el Consejo de la Magistratura.
Feldman aseguró que en el expediente prevalece una “condena instituida por anticipado” alimentada por factores exógenos al derecho penal. A su criterio, la opinión pública y los medios de comunicación han sido condicionados por discursos que privilegian el impacto mediático por sobre el análisis técnico de los tipos penales imputados: abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, ratificados por la camarista Élida Vidal.
La prisión preventiva y el principio de legalidad
Uno de los puntos de mayor controversia jurídica reside en la orden de prisión preventiva dictada contra Salmain. Feldman calificó la medida de cautela personal como “absolutamente excesiva, anojadiza y desprovista de toda proporcionalidad”, remarcando que en un Estado de derecho la privación de la libertad durante el proceso solo se justifica ante riesgos concretos de fuga o de entorpecimiento probatorio.
En esa línea, el letrado argumentó que tales causales no se verifican: Salmain se encuentra suspendido en sus funciones, no tiene acceso material a los despachos oficiales y ha comparecido a cada requerimiento. En cuanto al fondo de la acusación por presunto abuso de autoridad —originada en el libramiento de oficios judiciales dirigidos a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) para requerir datos vinculados a su teléfono celular corporativo—, la defensa sostuvo que la conducta atribuida no encuadra en la figura del Código Penal.
Feldman explicó que el teléfono institucional es un bien del Estado Nacional bajo guarda del magistrado, el cual resguarda información sensible de causas en trámite sujeta a estricto deber de sigilo. A su vez, remarcó que el tipo penal de abuso de autoridad exige que el funcionario dicte órdenes o resoluciones contrarias a la ley, situación que no ocurrió en los hechos: el propio jefe de la PSA declaró en sede judicial que nunca se sintió intimado, conminado ni coaccionado, interpretando el escrito como una mera petición que optó por no responder. Para el defensor, la resolución de primera instancia y el fallo de alzada aplican una analogía in malam partem, prohibida por el principio de legalidad, al asimilar indebidamente una solicitud formal a una orden imperativa.
Estrategia en el juicio oral: los camaristas al estrado
Frente a la confirmación de la elevación a juicio, la defensa de Salmain adelantó un movimiento procesal de alto impacto: ofreció como testigos de cargo y descargo a los propios integrantes de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario que intervinieron en las resoluciones previas, entre ellos los camaristas Élida Vidal, Silvina Andaluz Casiello y Aníbal Pineda.
El fundamento radica en que el tribunal de alzada recibió en su momento un oficio de tenor similar al remitido a las fuerzas de seguridad y no formuló denuncia penal alguna ni dispuso la remisión inmediata de testimonios al Ministerio Público Fiscal, temperamento que debió adoptar de haber considerado que el instrumento constituía un delito flagrante perseguible de oficio. La defensa buscará interrogar de manera presencial a los jueces de alzada en las audiencias orales para que expliquen por qué no actuaron en consecuencia si entendían que existía una conducta ilícita.
El rol del Consejo de la Magistratura y la Corte Interamericana
En paralelo al frente penal local, donde Salmain mantiene dos causas elevadas a juicio y una tercera virtualmente archivada por vencimiento de plazos procesales, el magistrado enfrenta el proceso de remoción en el Consejo de la Magistratura de la Nación, donde la defensa técnica está encabezada por José Manuel Ubeira.
Feldman cuestionó con dureza el perfil acusatorio de consejeros como el senador Luis Juez, a quien atribuyó una postura sesgada y una retórica basada en adjetivaciones sin sustento probatorio. Ante la posibilidad de que el Jury adopte una resolución basada en valoraciones políticas, el penalista invocó el precedente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Tribunal Constitucional del Perú” (2001), doctrina que establece que las garantías judiciales del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos resultan plenamente aplicables tanto a procesos penales como a juicios políticos o de destitución administrativa.
Por último, el abogado trazó un paralelismo con otras investigaciones de resonancia en los tribunales federales de Rosario —como la causa que involucra al juez Marcelo Bailaque—, advirtiendo sobre el uso recurrente y discrecional de la figura de imputados colaboradores o “arrepentidos” para sostener imputaciones penales contra magistrados en un contexto de fuerte corporativismo y presiones del poder político sobre el Poder Judicial.
