La elección para renovar los representantes del estamento de la abogacía en el Consejo de la Magistratura de la Nación dejó esquirlas políticas e institucionales de primer orden en la provincia de Santa Fe. En el marco del ciclo Expediente 24, conducido por Nicolás Carugatti junto a Sebastián Darrichón, el abogado rosarino Hernán Finos, referente central de la agrupación Abogacía Unida, trazó una radiografía minuciosa de un comicio federal que movilizó a 180.000 profesionales matriculados en todo el país y que quebró hegemonías consolidadas en los tribunales locales.
El Consejo de la Magistratura, creado en la reforma constitucional de 1994, constituye una de las cajas de resonancia más sensibles de la vida institucional argentina: está integrado por veinte miembros, administra el multimillonario presupuesto del Poder Judicial de la Nación, elabora las ternas vinculantes para designar a los magistrados y tiene la potestad de iniciar juicios políticos o suspender a jueces cuestionados. En ese engranaje, cuatro lugares son disputados por el voto directo de los abogados con matrícula federal.
Finos destacó la performance de la Lista 4, un armado netamente federal gestado a lo largo de cuatro años de trabajo ininterrumpido junto a 38 colegios profesionales del interior. La boleta estuvo encabezada por Itatí Demarchi Arvalo, presidenta del Colegio de Abogados de Villa María, a quien definió como una auténtica exponente de la abogacía del interior del interior. La nómina disputó la elección voto a voto y quedó a tan solo 600 sufragios de imponerse a escala nacional, garantizando la consagración de Demarchi Arvalo como consejera electa para asumir sus funciones formales en noviembre.
Durante la charla, se ponderó el perfil estrictamente gremial de la construcción colectiva que respaldó esta candidatura. El espacio acumuló antecedentes de peso directo para el ejercicio profesional, entre ellos la presentación del proyecto de ley de licencia federal —un reclamo histórico para que los letrados independientes cuenten con amparo formal ante contingencias de salud— y la interposición de amparos contra la reforma laboral que derivaron en declaraciones de inconstitucionalidad sobre dos artículos lesivos: el que obligaba a percibir honorarios en cuotas y el que responsabilizaba patrimonialmente a los abogados por las costas de los litigios.
La gran sorpresa política de la jornada se cristalizó en la circunscripción Rosario. La lista opositora Abogacía Unida logró un triunfo de resonancia al doblegar al oficialismo tradicional. Finos remarcó la magnitud de la contienda al subrayar que compitieron en absoluta soledad frente a un aparato transversal que congregó a la conducción del Colegio local, la Facultad de Derecho, la Municipalidad de Rosario y la Gobernación de Santa Fe.
Un fenómeno similar, pero con números aún más contundentes, se registró en la ciudad capital provincial. Allí, el dirigente gremial Andrés Abramovich, expresidente del Colegio de Abogados de Santa Fe y actual vicepresidente de la entidad, arrasó al cosechar un abrumador 75% de los sufragios. El resultado desnudó los límites de los acuerdos de cúpula: a pesar de que el candidato oficialista exhibió fotos de respaldo con el gobernador Maximiliano Pullaro en las portadas de los principales diarios provinciales, la masa de matriculados inclinó su voto hacia quien ejerce una defensa activa y cotidiana de la profesión ante los embates políticos, despegando los intereses del sector de cualquier subordinación partidaria.
La entrevista se adentró luego en la crisis estructural que corroe el servicio de justicia en los tribunales federales de Rosario. Finos advirtió sobre el colapso generado por la desidia institucional en la cobertura de juzgados: en la Cámara Federal de Apelaciones local, tres de las seis vocalías permanecieron vacantes durante una década completa sin que el Consejo de la Magistratura activara las designaciones pertinentes. Esta mora sistémica repercute de forma directa sobre la ciudadanía de a pie, paralizando amparos por medicamentos urgentes y demorando durante años reajustes de haberes jubilatorios en juicios contra la ANSES.
En idéntico sentido, se apuntó contra la lentitud corporativa para sancionar inconductas graves. Finos recordó el episodio protagonizado por el cuestionado juez federal Gastón Salmain, quien llegó a tomar audiencias procesales portando una tobillera electrónica bajo régimen de prisión domiciliaria, hasta que finalmente se logró su suspensión. Para graficar las distorsiones internas del cuerpo, el dirigente resaltó la labor del actual consejero rosarino César Grau, presidente de la Comisión de Disciplina, quien viene votando en soledad contra ternas que alteran de forma arbitraria los órdenes de mérito.
Sobre este punto, Finos denunció la discrecionalidad con la que se manejan los concursos, donde las entrevistas orales terminan teniendo un peso desmedido que permite desplazar a un postulante ubicado en el puesto veinte hasta las primeras posiciones para consagrarlo magistrado, vulnerando las directivas y llamados de atención de la propia Corte Suprema de Justicia. Asimismo, celebró que los exámenes para cubrir cargos locales se sustancien ahora en Rosario y no en la Ciudad de Buenos Aires, cerrando la puerta a la histórica designación de jueces porteños sin arraigo ni conocimiento de la realidad delictiva del territorio.
El tramo final del debate en Expediente 24 puso el foco en el destino de los recursos públicos. El dirigente cuestionó que el presupuesto judicial contemple partidas por 2.200 millones de pesos destinadas a gastos de movilidad, vehículos oficiales y choferes, mientras que se asignan apenas 800 millones al funcionamiento de la Escuela Judicial para la capacitación de magistrados y funcionarios. Una muestra elocuente de las asimetrías de un sistema que resiste la apertura hacia los profesionales de pasillo y que demanda transformaciones de fondo para garantizar una justicia cercana y eficiente.
