La investigación penal por el asesinato del policía E. D. L., perpetrado durante los graves desmanes registrados al finalizar el partido decisivo de la Liga Cañadense de Fútbol, tuvo una resolución determinante en los Tribunales provinciales de Rosario. En el marco de una audiencia de segunda instancia, el juez de Cámara Miguel Moreno resolvió revocar la libertad condicional de la que gozaba A. A., uno de los dos principales sospechosos individualizados en el expediente, ordenando que regrese de inmediato a cumplir prisión preventiva tras las rejas.
La resolución judicial obedeció a la apelación interpuesta por el fiscal de la causa, Juan Pablo Baños, quien cuestionó con dureza el fallo dictado a finales de septiembre que le había otorgado la libertad bajo medidas restrictivas. En aquella oportunidad, la defensa del imputado había logrado su excarcelación mediante el pago de una caución económica fijada en dos millones de pesos y la imposición de reglas de conducta, entre las que figuraba la prohibición de ausentarse de la localidad de Carcarañá con la sola excepción de concurrir a firmar periódicamente ante la Oficina de Gestión Judicial. Frente a los argumentos de la Fiscalía sobre la gravedad del hecho y los riesgos procesales, el camarista Moreno anuló ese beneficio, alineando la situación de A. A. con la del otro coimputado, J. C. Z., quien permanece privado de su libertad desde el inicio de la causa.
La emboscada tras la final y la mecánica del ataque letal
El luctuoso episodio se desencadenó el pasado 28 de junio en las instalaciones del Club Atlético Carcarañá, al concluir el partido de vuelta de la final del torneo regional en el que se consagró campeón el conjunto visitante, Sportivo Atlético Club de Las Parejas. Ante la derrota deportiva, un sector de la parcialidad local inició un ataque contra el cordón policial arrojando piedras y objetos contundentes, para luego vulnerar el alambrado perimetral e invadir el campo de juego.
En medio del desborde, un grupo numeroso de simpatizantes logró acorralar a un grupo de uniformados que intentaban contener la agresión. En esas circunstancias, el suboficial E. D. L. fue atacado a traición y por la espalda mediante la utilización de una barra de hierro de construcción. De acuerdo con la acusación formal reconstruida por los peritajes de la Fiscalía, J. C. Z. habría sido quien asestó el primer golpe clavando el hierro en la base inferior izquierda del cráneo de la víctima, mientras que A. A. intervino de manera simultánea empujando y presionando la barra para profundizar la herida en la cabeza del agente.
Gravemente herido, el policía fue asistido de urgencia en el Samco de Carcarañá y derivado con premura al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez de Rosario debido a la complejidad del traumatismo craneoencefálico. Pese a las intervenciones médicas desplegadas en el área de cuidados intensivos, el servidor público falleció el 29 de junio, transformando la calificación legal del caso en un homicidio calificado.
Recompensa millonaria para individualizar al resto de la turba
Pese a que la detención de los dos principales implicados brinda una respuesta procesal inicial, el Ministerio Público de la Acusación considera que el ataque no fue un hecho aislado entre dos agresores, sino una embestida colectiva ejecutada por una facción de hinchas que facilitaron el acorralamiento del personal policial.
Por este motivo, el Gobierno provincial y el MPA elevaron la recompensa oficial a 25 millones de pesos para toda aquella persona que aporte datos fehacientes, identidades o material audiovisual que permita individualizar al resto de los involucrados en el linchamiento. Hasta el momento, y según los reportes judiciales que trascendieron en los últimos días, la investigación no logró dar con nuevos sospechosos de relevancia, por lo que la reaprehensión de A. A. asoma como un paso sustancial para afianzar el avance hacia el debate oral y público sin peligro de fuga ni entorpecimiento probatorio.
