Tras el apartamiento del fiscal Matías Edery de las causas relacionadas a la banda narcocriminal Los Monos y a los expedientes vinculados a la ex testigo y actualmente imputada Mariana Ortigada por amenazas y extorsiones, este viernes dispusieron el desplazamiento de los fiscales Pablo Socca y Miguel Moreno de dicha investigación a la organización que lidera Ariel Máximo “Guille” Cantero en donde formularon duras acusaciones contra su colega del MPA.
“Por resolución ante el anoticiamiento por parte del fiscal Pablo Socca por hechos con apariencia de delitos supuestamente cometidos por el fiscal Matías Edery, atento a la necesidad de brindar prioritaria atención a la denuncia formulada, a fin de evitar dilaciones necesarias que puedan afectar la investigación, la fiscal regional María Eugenia Iribarren dispuso el apartamiento de los fiscales y fiscales adjuntos de esta circunscripción judicial, y remitir los presentes a la fiscal general María Cecilia Vranicich”, informaron en un comunicado.
Ayer se dispuso el apartamiento del fiscal Matías Edery de aquellas investigaciones relacionadas a los hechos denunciados o a las personas imputadas en causa por maniobras extorsivas -como Ariel Máximo “Guille” Cantero y Mariana Ortigala- hacia una víctima dueño de una agencia de lotería, imputada por los fiscales Pablo Socca y Miguel Moreno, en audiencia concluida el viernes de la semana pasada.
Y este viernes, la fiscal regional Iribarren, “conforme con lo establecido en el art. 12 de la ley 13.013 en cuanto prescribe las razones para la separación del fiscal cuando existan motivos graves que puedan afectar la objetividad en el desempeño”, dispuso también “el apartamiento de los fiscales Pablo Socca y Miguel Moreno de las causas referidas, y reasignar las causas a la fiscal Juliana González”.
Dichas medidas fueron dispuestas en consonancia con lo decretado por la Fiscalía General de la provincia de Santa Fe quién manifestó “en razón de los extremos valorados por la fiscal regional, a los fines de evitar mayores consecuencias dañosas para la institución y restaurar la cohesión interna”, sugerir la adopción de las mencionadas medidas.
Por su parte, la fiscal general Vranicich indicó en una resolución en la cual hizo alusión a la situación de gravedad institucional, “iniciar un proceso de monitoreo por un término de 90 días en la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos, el Equipo de Trabajo con Hechos Cometidos con Arma de Fuego y a la Unidad de Homicidio Dolosos de la Fiscalía Regional Segunda”.
Asimismo, la fiscal general Vranicich propuso que el auditor general de Gestión Leandro Mai sea quien ejecute el proceso dispuesto. Asimismo, la funcionaria indicó a la Secretaría de Política Criminal y Derechos Humanos de la Fiscalía General, que preste apoyo institucional y articule el proceso con la Fiscalía Regional 2.
