El 8 de agosto de 2013, los tres acusados por el secuestro y tortura al ex sindicalista sanlorencino Manuel Casado, fueron sentenciados por los delitos de privación ilegítima de la libertad, calificada por su carácter de funcionarios públicos y por mediar violencia y amenazas, en concurso real con la aplicación de tormentos, calificado por ser la víctima un perseguido político.
Así lo entendió el Tribunal federal Nº1 de Rosario, presidido por Otmar Paolucci, y por ello se aplicó una condena de 8 años y medio de prisión, contra los 20 años que el fiscal solicitó para los militares Rubén Osvaldo Cervera y Horacio Hugo Maderna, interventor y sub-interventor de la Municipalidad de San Lorenzo tras el golpe cívico-militar de 1976, y los 18 años para Pedro Alberto “Pili” Rodríguez, asesor letrado de aquellos.
En los casos de los militares fueron condenados en su condición de coautores de esos delitos, mientras que Rodríguez fue encontrado “partícipe necesario” de los mismos.
Cuando se conoció el fallo, Casado ya no pudo saberlo pues había fallecido poco días antes.
Lo cierto es que en poco tiempo más se cumplirá la duración de esas sentencias, teniendo en cuenta que comenzaron a regir desde el momento que fueron detenidos y recluidos en prisión, meses antes de conocerse el fallo. Tras la apelación, la Cámara de Casación ratificó la sentencia en 2014.
De los tres, dos verán su libertad y son Rodríguez y Maderna. No así Cervera que falleció en 2018.
Tras la recuperación de la democracia, los dos militares pasaron poco después a retiro, mientras que el abogado se recicló y comenzó a asesorar a sindicatos de la zona y luego “moldeó” al hoy senador provincial Armando Traferri en su proyección a la intendencia de la ciudad. Una vez ganada la elección se convirtió en su mano derecha y ocupó la Secretaría de Gobierno hasta que más tarde se proyectó como diputado provincial, cargo que ocupó.
El regreso de Rodríguez a la vida política se lo permitió el Partido Peronista, el mismo que antes traicionó cuando integró la agrupación local Sabino Navarro, en los años 70, y de la que desaparecieron varios de sus integrantes a manos del terrorismo de Estado que luego pasó a integrar, sin mayores miramientos ni cuestionamientos ideológicos.
Cabe señalar que para el caso de los militares están señalados en otra causa por delitos de lesa humanidad y que se conoce como la Causa de los Trabajadores, investigándose la detención, tortura y desaparición de tres obreros en el ex Batallón de Arsenales 121 de Fray Luis Beltrán.
Para el de Rodríguez, lo mismo sucede con la desaparición de militantes en la ya citada agrupación Sabino Navarro.
