La Legislatura de Santa Fe destituyó por unanimidad al fiscal de San Jorge Diego Rodríguez y Barros, quien ya se encontraba suspendido de sus funciones a raíz de una investigación que comenzó con una presunta denuncia falsa por el robo de dos neumáticos de su automóvil y terminó revelando otras situaciones consideradas graves.
El caso había llegado a la Legislatura luego de una investigación iniciada por una compañía aseguradora y de la intervención del auditor de Gestión del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Leandro Mai. Lo que inicialmente parecía ser un supuesto fraude vinculado con dos cubiertas terminó dando lugar a una investigación más amplia sobre la conducta del funcionario judicial.
Durante el proceso surgieron testimonios de trabajadores del MPA que denunciaron malos tratos y episodios de violencia verbal. Pero uno de los elementos que mayor gravedad adquirió fue la acusación de que Rodríguez y Barros habría ingresado a una computadora del organismo utilizando la clave de otro fiscal para modificar o fraguar contenido.
“No se puede joder con esto”
La diputada provincial socialista Leonela Cattalini, integrante de la comisión que analizó el expediente, consideró que la destitución constituye un mensaje institucional contundente.
“No se puede joder con esto”, afirmó la legisladora, quien sostuvo que el caso expone la necesidad de reforzar los controles sobre quienes ocupan cargos dentro del sistema judicial.
Cattalini remarcó que un fiscal tiene facultades que pueden afectar directamente la vida y la libertad de las personas y, por ese motivo, debe ejercer su función con responsabilidad y estar sometido a mecanismos efectivos de control.
“Habla de la falta de respeto que tenemos por las instituciones, por el cargo público y por la responsabilidad pública”, sostuvo.
Una investigación que fue mucho más allá de los neumáticos
El expediente comenzó cuando una demora a una audiencia o reunión de trabajo fue inicialmente atribuida a un problema con el vehículo del fiscal. Con el correr de las horas, esa explicación derivó en una denuncia por el supuesto robo de dos cubiertas.
A partir de la intervención de la aseguradora y del auditor de Gestión del MPA, la investigación avanzó sobre otros aspectos de la actuación del funcionario y terminó incorporando testimonios y elementos que excedían ampliamente aquella denuncia inicial.
La situación también volvió a poner bajo la lupa los mecanismos de control y enjuiciamiento de fiscales y jueces en Santa Fe.
Cattalini explicó que la reforma constitucional recientemente aprobada contempla un nuevo sistema de enjuiciamiento, mediante un jury integrado por representantes de distintos estamentos. Sin embargo, aclaró que hasta que se sancione la ley que reglamente el nuevo procedimiento continúa vigente el sistema actual.
El control sobre los fiscales, otra vez en debate
La legisladora mencionó otros expedientes vinculados con funcionarios judiciales y destacó el rol que cumple el propio MPA en la detección de irregularidades dentro de sus estructuras.
En ese sentido, defendió el trabajo del auditor de Gestión y consideró fundamental fortalecer los mecanismos de monitoreo permanente para detectar situaciones que, de otro modo, podrían permanecer ocultas.
También reconoció que la reiteración de investigaciones contra funcionarios judiciales genera preocupación, aunque sostuvo que la posibilidad de que las propias instituciones investiguen y depuren sus estructuras constituye una señal saludable.
El caso de Rodríguez y Barros deja así un fuerte mensaje dentro del sistema judicial santafesino: una denuncia que comenzó por dos neumáticos terminó con la destitución de un fiscal y puso bajo la lupa conductas vinculadas con el ejercicio de un cargo de enorme responsabilidad y poder.
