Mientras en los despachos oficiales de Buenos Aires y Santa Fe se libran batallas dialécticas sobre el déficit cero, el federalismo fiscal y la transferencia de trazas, los muertos los seguimos poniendo nosotros. La trágica postal de esta mañana en el cruce de la Ruta Nacional AO12 y el Camino de la Cremería, con un automovilista aplastado y atrapado entre los hierros de su vehículo tras colisionar con un camión, ya no es un accidente de tránsito; es un homicidio por abandono estatal.
Nuestra región es el motor agroexportador que sostiene al país, el embudo por donde ingresan anualmente más de 2 millones de camiones a las terminales portuarias. Sin embargo, ese flujo monstruoso de riqueza se desplaza por una infraestructura colapsada, con rutas diseñadas hace más de 50 años para un tránsito rural que hoy ya no existe. El resultado de esa asimetría técnica es una estadística macabra: decenas de muertes por año. Familias destrozadas a la vuelta de la esquina mientras los sucesivos gobiernos nacionales y provinciales miran para otro lado.
El nivel de expoliación económica que sufrió el departamento San Lorenzo no tiene parangón en la historia argentina. Desde la instauración de las retenciones a la soja, el Estado central se llevó una cifra escandalosa: cerca de 200.000 millones de dólares. Si a esa caja sideral se le suma la recaudación del Impuesto a los Combustibles —cuyo destino constitucional específico es, justamente, la inversión en infraestructura vial— la cifra se duplica.
¿Cuál fue la inversión real en las últimas décadas en los accesos a los puertos del Paraná? Cero. Absolutamente nada. El dinero se esfumó en el clientelismo de la Capital Federal o en los desfalcos de las administraciones de turno. Bajo cualquier análisis jurídico básico, los funcionarios de todos los signos políticos que se sucedieron en el poder deberían estar detenidos por malversación de caudales públicos. El abandono de las trazas nacionales, con cráteres que parecen trampas mortales, califica directamente como un acto criminal.
La desidia histórica de la provincia con nuestra región no es nueva y arrastra anécdotas de un egoísmo indignante. Es imposible olvidar la gestión del exgobernador Antonio Bonfatti, quien en su momento priorizó con fondos públicos los accesos a los barrios cerrados de Santo Tomé y Santa Fe desde la Autopista, cajoneando el intercambiador proyectado para Puerto General San Martín. La situación fue tan crítica que el intendente Carlos De Grandis debió cometer el acto de rebeldía de romper los alambrados de la traza para abrir un acceso clandestino y evitar que los habitantes de su ciudad quedaran atrapados e incomunicados por las interminables colas de camiones.
Hoy, el tramo de la Ruta Nacional 11 que conecta a Puerto San Martín con Timbúes tiene que ser reparado y mantenido a pulmón por los propios municipios locales. Los intendentes y presidentes comunales deben desviar recursos locales para tapar los pozos de una ruta nacional, con el único objetivo de que sus vecinos no mueran transitando hacia el trabajo o la escuela.
Es innegable que la actual gestión provincial muestra una responsabilidad y un activismo en el territorio que no se veía hace décadas, como quedó demostrado ayer con la millonaria licitación para reconstruir a nuevo el Camino de la Cremería en el Parque Industrial. Pero el problema de fondo sigue atrapado en la rosca política.
El gobernador Maximiliano Pullaro mantiene una disputa abierta con el presidente Javier Milei para que la Nación le ceda la jurisdicción de las rutas nacionales que están totalmente destruidas. Sin embargo, la solución propuesta por la Casa Gris de implementar una tasa o “peaje” de 1.5 dólares por tonelada transportada cayó como un balde de agua fría en el sector agroindustrial. El enojo del campo es legítimo: el agro ya pagó las rutas mil veces a través de las retenciones que el Estado se llevó sin escrúpulos. Volver a gravar la producción para financiar lo que ya se abonó es un abuso.
La pelea de cartel sobre quién corta la cinta o cómo se financian las obras es una obscenidad frente al dolor de las víctimas. Quienes nos gobiernan y nos gobernaron se financiaron a costa de nuestros muertos en las banquinas de la región. No son estadistas discutiendo macroeconomía; el Cordón Industrial sabe perfectamente que, por acción u omisión, se comportaron como verdaderos delincuentes.
