La situación en el country Portal del Sol de San Lorenzo ha llegado a un punto de no retorno. Tras años de reclamos desoídos, la presidenta de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), Anahí Rodríguez, rompió el silencio en una entrevista con Cadena 3 Rosario y marcó la cancha: la administración del barrio tiene solo 10 días para presentar un plan de inversión que permita ejecutar la obra del transformador necesaria para dotar de energía eléctrica legal a las 70 familias que allí residen.
“Le pusimos a disposición empresas y proveedores que pueden hacer el trabajo”, señaló Rodríguez, dejando en claro que el Estado provincial ya no está dispuesto a seguir tolerando un esquema de conexión eléctrica que se ha mantenido en la sombra durante 30 años.
El “Modus Operandi” del escribano Garat
Detrás de la falta de luz y la desesperación de los vecinos, emerge la figura del desarrollador Carlos Garat, un escribano oriundo de Rosario cuyo método de trabajo ha sido, cuando menos, cuestionado por los habitantes del lugar. Según denuncian los propietarios, Garat utilizó la figura jurídica de la usucapión —la toma de tierras por falta de pago de impuestos de los dueños originales— para hacerse de grandes extensiones de campo que hoy, tras la expansión urbana, se convirtieron en el acceso principal de San Lorenzo desde la autopista.
El escándalo, sin embargo, tiene un capítulo aún más indignante. En las publicidades originales del barrio, se vendía la idea de un “ingreso parquizado” sobre el bulevar Urquiza. Sin embargo, haciendo gala de una costumbre que los vecinos ya conocen bien, Garat incumplió la promesa y construyó, en sociedad con terceros, una estación de servicio YPF en ese mismo lugar, bloqueando lo que debía ser el acceso principal del barrio.
Complicidad y desidia: el manto de duda sobre la EPE local
La existencia misma del barrio sin las obras de infraestructura eléctrica necesarias interpela directamente a la EPE San Lorenzo. Resulta difícil de creer que, durante 30 años, las autoridades locales de la empresa desconocieran que un desarrollo inmobiliario de esta magnitud operaba sin los transformadores que exige la normativa.
Los vecinos no dudan: señalan que hubo una complicidad activa de los administradores anteriores de la EPE para que esta situación persistiera, permitiendo que familias se mudaran a casas sin servicios básicos, bajo un régimen de conexión precaria. Esta red de irregularidades no solo afecta la luz, sino también la posibilidad de escriturar, ya que la situación dominial de las tierras es tan compleja como la red eléctrica que las abastece.
La cuenta la pagan los vecinos
El clima en el barrio es de profunda tensión. Aunque la intervención de Anahí Rodríguez y la presión de los vecinos —que llegaron a bloquear el acceso a la estación de servicio YPF de Garat para hacerse escuchar— han movido el avispero, la solución parece estar lejos de la justicia divina.
Todo apunta a que, para poder contar con un suministro eléctrico estable, los vecinos deberán “romper el chanchito” y afrontar de su bolsillo una obra estimada en cerca de 400.000 dólares.
El reloj está corriendo. En 10 días, la administración deberá presentar el plan de inversión. Mientras tanto, las 70 familias continúan viviendo en la incertidumbre, rehenes de una estafa inmobiliaria a cielo abierto que, tras tres décadas, parece empezar a deshilacharse, pero cuyo costo, una vez más, amenaza con caer sobre los hombros de quienes compraron un sueño y terminaron pagando las consecuencias de la desidia ajena.
