El fenómeno de las amenazas extorsivas y de las balaceras ordenadas en su mayoría desde las cárceles se impusieron como nueva modalidad delictiva de bandas narcocriminales. Bajo el tristemente célebre lema «plata o plomo», crecieron exponencialmente en los últimos tiempos, llevaron al Ministerio Público de la Acusación (MPA) a reconfigurar metodologías de investigación y obligaron al Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe a crear una unidad especial policial dependiente de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).
En los primeros seis meses de 2022, los escritorios de la Unidad Fiscal de Balaceras del MPA se atiborraron con casi 800 denuncias por hechos de amenazas, extorsiones y balaceras en Rosario y la región. “Al 7 de junio pasado tenemos 796 legajos en lo que va del año”, ratificó la fiscal Valeria Haurigot. Un promedio mensual cercano a los 130 casos lo convierten en cifras alarmantes.
El índice de encarcelamiento en 2022 es alto y no se relaciona con una disminución en la cantidad de hechos. “Probablemente sea porque se siguen cometiendo delitos desde la cárcel”, argumentó Haurigot. “Solamente por bandas tenemos 96 detenidos en el primer semestre del año: los Funes, los Cantero y los Gerez, entre otras organizaciones”, enumeró la funcionaria del MPA, en un informe difundido por el programa Acá Estamos, que conduce Marcelo Fernández por Telefe Rosario.
Desde Fiscalía sostienen que seguirán cometiéndose extorsiones y balaceras hasta tanto no se prohíba el uso de los celulares en las cárceles. “Es lo más preocupante. Aunque lo reiteremos hasta el cansancio, lo cierto es que la cárcel no opera con un rol de neutralización. Si bien la Constitución dice «apuntamos a la resocialización», como mínimo habría que neutralizar la peligrosidad de esa persona que se conecta con gente de afuera para realizar hechos delictivos”, apuntó Haurigot.
Y reconoció que “es sumamente frustrante porque hasta nos pone en un desafío procesal enorme. Porque tenemos que pedir la prisión preventiva a quien ya está en prisión preventiva. Es un gran y grave fracaso no haber podido solucionar la cuestión de la política penitenciaria, usando herramientas eficaces para que no se cometan delitos desde dentro de la cárcel”.
La Unidad Fiscal de Balaceras trabaja con un mapa de calor para determinar cuáles son las zonas más calientes de Rosario y la región. Las bandas narcocriminales, cuyos líderes se encuentran en la cárcel, piden plata a comerciantes a cambio de «protección» de ellos mismos. Haurigot apuntó los barrios Ludueña, Empalme Graneros y Tablada.
“El fiscal (Pablo) Socca trabajó muy fuerte barrio Ludueña, incluyendo muchísimas extorsiones vinculadas a una banda que tiene como principal actividad el narcomenudeo pero que también se encarga de extorsiones. Es una zona azotada por balaceras y extorsiones. Compartimos información con fiscales de Homicidios, de la Agencia de Criminalidad Organizada y de Flagrancia. Trabajamos en conjunto para desarrollar una investigación que sea lo más fuerte posible”, aseveró Haurigot.
“También trabajamos fuerte en otros barrios como Empalme Graneros y Tablada”, añadió la investigadora de la Unidad Fiscal de Balaceras. “A través de las pericias telefónicas podemos esclarecer balaceras de meses atrás. A veces no podemos esclarecerla específicamente, con el nivel probatorio que podría demandar una condena, aunque sí podríamos establecer la asociación ilícita que está detrás de ese hecho”, reconoció.
Según Haurigot, las sucesivas investigaciones lograron establecer que existen dos tipos de bandas, incluyendo aquellas que no tienen poder de fuego y que mandan mensajes por whatsapp a comerciantes pidiendo dinero sin que se concreten balaceras. “Tienen un razonamiento como el del Cuento del Tío: mayor cantidad; mayor posibilidad de que alguien les pague. Y después hay otras bandas que tienen mayor nivel de sofisticación, que están en las periferias y cumplen con las promesas: los que no pagan reciben balas”, alertó.
Escuelas, estaciones de servicios y concesionarias de autos fueron los casos más emblemáticos que sufrieron los primeros embates de la nueva modalidad delictiva. “Los ataques fueron indeterminados y tenían otros mensajes. Fueron ataques de intimidación pública que nos llevaron tiempo. Algunos los tenemos esclarecidos como por ejemplo los que ocurrieron en las escuelas y en las estaciones de servicios. En la última audiencia a la banda de Los Monos, por una acción concreta que se le atribuyó a la madre de Guille Cantero, por la cual está presa, pudo establecerse a través de escuchas telefónicas”, cerró Haurigot.
