El Poder Ejecutivo Nacional ha presentado un ambicioso proyecto de reforma legislativa con el objetivo de realizar una extensa transformación en el Estado y sus regulaciones, especialmente en el ámbito económico. Dentro de esta iniciativa se destaca la atención a la Ley de Biocombustibles, actualmente la Ley 27.640, que busca ser reemplazada por un marco legal más conciso.
Uno de los cambios más significativos propuestos es la eliminación de la regulación estatal en el precio de compra de materias primas de origen vegetal, como maíz, soja y caña. Esto implicaría que las petroleras puedan negociar directamente con los elaboradores los valores de compra, sin la intervención del Estado, representando un cambio significativo en la dinámica del mercado.
La propuesta, plasmada en el artículo 13 del proyecto, establece que las empresas responsables de las mezclas obligatorias podrán adquirir biocombustibles libremente, pactando precios y aprovisionamiento directamente con los elaboradores. Este ajuste busca brindar mayor flexibilidad a las empresas y eliminar la intervención estatal en la fijación de precios y cantidades, un cambio que podría impactar significativamente en la dinámica del sector.
La legislación actual garantiza que la adquisición de biodiésel y bioetanol para las mezclas obligatorias se realice a precios establecidos por la autoridad de aplicación. Sin embargo, la propuesta gubernamental busca otorgar a las empresas mayor autonomía en la negociación de estos productos, alineándose con una visión de mercado más libre.
Es importante señalar que estas modificaciones no afectarían las mezclas mínimas obligatorias, que se mantendrían en un 7.5% en gasoil o diesel oil y un 12% en nafta, según la normativa vigente. Sin embargo, la flexibilización en la negociación de precios podría tener un impacto significativo en la industria, permitiendo una mayor participación de las empresas en la toma de decisiones.
Además, el proyecto contempla cambios en los requisitos para las empresas del sector. Mientras que la legislación actual exige que estas estén debidamente habilitadas por la autoridad de aplicación, la nueva propuesta establece que deberán registrarse y habilitarse en un Registro creado conjuntamente con la ley. Este cambio apunta a simplificar el proceso de entrada al mercado para los actores del sector de biocombustibles.
La propuesta de reforma legal está generando un intenso debate en las sesiones extraordinarias del Congreso, donde se analizarán en detalle los posibles impactos de estos cambios en la industria de biocombustibles. Los actores del sector y expertos técnicos están atentos a estas discusiones, ya que podrían definir el futuro y la dinámica competitiva de una de las industrias clave en la transición hacia fuentes de energía más sostenibles.
Eurnekián, Unitec Bio y la desregulación para la llegada de nuevos jugadores
La sanción de la ley de biocombustible generó un aluvión de inversiones para empresas pymes que amparadas por la norma sancionada en el gobierno de Nestor Kirchner permitía que empresas pymes no productoras de aceite ni hidrocarburos sean las proveedoras del mercado interno para el corte obligatorio.
El poderoso empresario que fuera de jefe del actual presidente de la nación, Eduardo Eurnekián fue uno de los primeros de apostar a este nuevo paradigma energético haciendo una inversión millonaria para el montaje de una planta de biodiesel en la localidad de Puerto San Martín. La empresa Unitec bio fue inaugurada por al presidenta Cristina Fernández de Kirchner en 2011 quien aseguró en aquel acto “que inversiones como las anunciadas hoy por la compañía UnitecBio fueron posibles gracias a dos decisiones del Estado: La primera, impulsar la promoción en términos fiscales del biocombustible. Y en segundo lugar tomar la decisión de agregar a las naftas una parte de biocombustible; por eso es rentable”.
