La sorpresiva y drástica medida de fuerza que el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) gatilló este miércoles al mediodía estuvo a punto de convertirse en el detonante de una batalla campal de impredecibles consecuencias. La decisión de cortar la producción y los accesos por tiempo indeterminado, sin otorgar una ventana de tiempo ni aviso previo para desactivar el flujo logístico, puso en jaque un delicado equilibrio de convivencia y expuso el lado más oscuro del conflicto: miles de camioneros transformados, de la noche a la mañana, en rehenes de una disputa ajena.
En el Cordón Industrial de los puertos del Up River, el margen para el error es nulo. Cuando los portones de las multinacionales se cierran de golpe, el impacto no lo absorben los directorios de las empresas en Buenos Aires o Europa; lo sufren los choferes que quedan varados sobre las rutas o hacinados dentro de los playones de estacionamiento. Esta vez, la tensión acumulada rozó el límite de la violencia física y la destrucción de instalaciones portuarias.
Furia y gritos en la playa de Renova
El epicentro de los momentos más dramáticos de la jornada se localizó en la gigantesca playa de camiones de la firma Renova, en jurisdicción de Timbúes. Allí, cientos de transportistas que habían viajado desde distintos puntos del país para descargar su mercadería se desayunaron con la parálisis total de las balanzas y las plataformas de volcado.
La reacción no tardó en llegar. A los gritos y con un nivel de hartazgo comprensible, un numeroso grupo de camioneros cercó a los encargados de la seguridad y del control portuario para exigir que se continuara con la descarga, bajo la advertencia de que la situación se saldría de control.
El reclamo de los transportistas se fundó en razones netamente humanitarias y de supervivencia básica: denunciaron no contar con las condiciones higiénicas ni de infraestructura edilicia necesarias para quedar “tirados” por tiempo indeterminado en medio de un predio saturado, sin acceso digno a baños, agua potable o alimentación adecuada. “Nosotros también trabajamos y no tenemos por qué pagar los platos rotos”, fue el clamor que retumbó en los playones logísticos.
El peligro de los “contrapiquetes” y el fantasma de las quemas
Para quienes conocen al detalle la historia del departamento San Lorenzo, las postales de furia vividas este miércoles activaron de inmediato las alarmas de la memoria colectiva. La región guarda registros históricos de jornadas negras donde la falta de tacto gremial derivó en enfrentamientos directos entre trabajadores de distintas ramas.
El fantasma de las quemas de caladas (los laboratorios de muestreo de granos donde se definen los ingresos) y el armado de “contrapiquetes” de camioneros para sitiar las sedes sindicales o bloquear las viviendas de los dirigentes aceiteros son antecedentes reales que demuestran lo frágil que es la paz social en la región. Lanzar un paro por tiempo indeterminado con más de 10.000 camiones en movimiento hacia el embudo portuario es, operativamente, meter una línea de fuego dentro de un polvorín.
En la lucha gremial, no vale todo
Nadie en el Cordón Industrial discute la legitimidad del reclamo salarial del SOEA frente a una propuesta del 0% de aumento que suena a provocación por parte de las empresas. Sin embargo, los métodos implementados abren un debate ético y operativo insoslayable sobre la responsabilidad social de los sindicatos.
Paralizar una actividad estratégica para el país es un derecho constitucional, pero ejecutarlo de manera intempestiva condena a otros eslabones de la clase trabajadora —como los camioneros o los empleados de servicios— a situaciones de extrema vulnerabilidad. La mística y la fuerza de la lucha aceitera no pueden construirse pisoteando los derechos y la dignidad de sus pares en la cadena de valor. El derecho a la huelga es sagrado, pero el respeto a la paz social y a la integridad del prójimo también lo es. En la defensa de un sueldo justo, definitivamente no vale todo.
