La vertiginosa agenda de reformas en materia de seguridad y justicia penal impulsada por el gobierno de Santa Fe en los últimos meses generó un profundo debate institucional. Para analizar el impacto real de estas modificaciones, el funcionamiento burocrático del sistema y los desafíos pendientes en la investigación criminal, el juez de la Cámara de Apelación en lo Penal de Rosario, Javier Beltramone, visitó los estudios de Expediente 24 y dialogó a fondo con el periodista Nicolás Carugatti.
Con 40 años de trayectoria en los pasillos de tribunales (30 de ellos ejerciendo cargos como secretario, juez de instrucción y camarista), Beltramone aportó una mirada crítica y desprovista de eufemismos. Advirtió sobre la peligrosa ilusión de que la mera redacción de nuevas leyes resolverá la violencia urbana, cuestionó severamente los proyectos de cibervigilancia masiva sin control judicial y las llamadas “zonas de exclusión”, y propuso un rediseño radical en la dependencia funcional de la Policía de Investigaciones (PDI).
Reformas exprés: “Demasiadas leyes en muy poco tiempo”
El inicio de la charla estuvo marcado por el análisis del nuevo paquete de reformas al Código Procesal Penal. Si bien el camarista reconoció que la gestión actual tomó una “afronta muy fuerte” para combatir la violencia, se mostró cauto sobre la efectividad inmediata de los cambios.
“Ha habido demasiada cantidad de reformas en muy poco tiempo. Y en un sistema como el nuestro, cambiar leyes comporta estructuras muy rígidas hacia el futuro. Hay que dejarlas caminar en el tiempo para ver cómo operan”, reflexionó Beltramone.
En esa línea, el juez advirtió sobre el “fetichismo normativo”, la creencia de que un problema de calle se soluciona desde el escritorio legislativo. “A veces se cae en la tentación de creer que con una reforma uno va a mejorar mágicamente un problema preexistente. Te doy un ejemplo de hace 20 años: ante el mal trabajo de la policía en los allanamientos, se decidió por ley que debían llevar dos testigos hábiles. Era ridículo buscar dos testigos a las 6 de la mañana en un búnker de una zona caliente. En vez de mejorar a la policía, se expuso a civiles”, ejemplificó.
El rol de la policía: el modelo chileno y la dependencia fiscal
Uno de los tramos más sustanciales de la entrevista giró en torno a la deficiente calidad de las investigaciones policiales y los reclamos cruzados entre fiscales y uniformados. Para Beltramone, el problema es estructural y requiere una decisión política de fondo: quitarle al Poder Ejecutivo el mando sobre los investigadores.
“Ojalá tuviéramos una policía preparada como la de Chile”, disparó el magistrado, elogiando la formación técnica de los carabineros y la PDI transandina. “La policía de investigaciones (científica) debe pertenecer inexorablemente al Ministerio Público de la Acusación (MPA), a un órgano autárquico. No puede depender jerárquicamente del Poder Ejecutivo, porque hoy el policía se encuentra en la debilidad de tener que darle explicaciones a un ministerio político y eso no es razonable. La prevención de calle sí la hace el Ejecutivo, pero la investigación posterior al delito debe ser puramente fiscal”, argumentó.
Para financiar este salto de calidad, Beltramone puso la lupa sobre el presupuesto legislativo. “La Legislatura de Santa Fe nos cuesta el doble que la de Córdoba, teniendo prácticamente la misma cantidad de escaños (72 a 71). Hay recursos económicos. Se puede generar una policía de investigaciones altamente profesional y tecnológica sin afectar otras áreas. Hoy vemos fiscales que tienen turno de tres meses para abrir un teléfono celular secuestrado, eso es inadmisible”, sentenció.
Cuellos de botella en el MPA y juicios abreviados
El camarista también analizó la sobrecarga de trabajo y la estructura burocrática del MPA. “Rosario es demasiado grande para tener un solo Fiscal Regional. Llega un momento en que el volumen de trabajo te exige dividir en dos o tres jefaturas”, propuso.
Además, fue sumamente crítico con una reciente resolución interna del MPA (de índole administrativa) que prohíbe a los fiscales firmar juicios abreviados por debajo de los dos tercios de la pena solicitada en la acusación. “Esa norma interfiere con el Código Procesal Penal. El MPA no es quién para fijar penas, eso lo hace el tribunal. Esa resolución, además de ser jurídicamente discutible, atenta contra el propio sistema y genera cuellos de botella porque obtura la dinámica del proceso y le quita margen de negociación al fiscal que está en el terreno”, explicó.
El peligro de las zonas de exclusión y el espionaje sin control
Consultado por Carugatti sobre los aspectos más controversiales del proyecto de reforma (algunos de los cuales quedaron en el camino tras el debate parlamentario), Beltramone no ocultó su preocupación por el avasallamiento de libertades individuales.
Sobre la idea de permitir al Poder Ejecutivo crear “zonas de exclusión” blindadas militarmente, el juez fue tajante: “Por suerte eso quedó afuera. Dejar en manos de un ministro de gobierno la decisión de que tu casa o tu empresa quede dentro de una zona donde no podés entrar ni salir sin permiso por 90 días, me rememora a los guetos. Costó 300 años de evolución histórica salir de la lógica de encerrarnos en castillos. Es un absurdo jurídico en un Estado de Derecho”.
En el mismo tono de alerta, el magistrado cuestionó los artículos de la ley de inteligencia provincial (aún en reglamentación) que permitirían el clonado de teléfonos sin orden judicial previa vinculada a un delito específico. “La ley le daba al Ministerio de Gobierno más facultades que a la propia AFI nacional. A nivel nacional, las escuchas preventivas tienen trazabilidad, plazos estrictos y un juez que controla la destrucción del dato si no hay delito. Acá, tomarle la información completa del teléfono a un ciudadano solo por ‘razones de seguridad predelictuales’ es peligrosísimo. El gobierno se puede estar comprando un problema jurídico mayúsculo hacia el futuro”, advirtió.
Microtráfico y el control de las cárceles
Finalmente, Beltramone abordó la desfederalización del narcomenudeo y las tensiones iniciales con el gobierno provincial por fallos donde la Justicia santafesina se declaró incompetente.
“Los fallos no fueron contra la provincia, fueron estrictamente técnicos marcando los límites de lo que dice la ley. Tan fuerte fueron nuestros argumentos que la inmensa mayoría de esos casos terminaron en la Justicia Federal. E incluso el propio ministro de Gobierno terminó reconociendo que hay que ir a reformar la ley nacional porque se quedaron con muy poco margen de investigación”, aclaró.
A modo de cierre, el juez destacó el acierto de la gestión Pullaro en el control carcelario, recordando que él mismo, hace cuatro años, plasmó en un fallo el escandaloso nivel de impunidad con el que los líderes narcos (barrabravas) operaban desde prisión. “Hablaban entre dos penales a 40 kilómetros de distancia con la tranquilidad de quien toma un café. Una política fundamental es evitar que esos celulares inteligentes sigan en poder de criminales de alto perfil. Esa fue una medida clave para bajar el marco de violencia en las calles”, concluyó el camarista.
